LABORAL

Constructores rechazan decreto que autoriza la ocupación de terrenos



En San Félix, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar se han identificado terrenos que podrían ser ocupados por el Gobierno para desarrollar proyectos de la GMVV, irrumpiendo lo estipulado en la Constitución venezolana que garantiza el derecho a la propiedad privada 

Oscar Gómez, representante del sector construcción en la entidad, refutó la decisión gubernamental, además, porque las empresas privadas de la región no han tenido participación directa en los proyectos que lleva a cabo la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), aunque sí de algunos ingenieros que han sido contratados como gerentes técnicos para administrar obras, ya sean urbanismos o edificaciones. 
El Gobierno venezolano publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.421 el decreto que aprueba la ocupación temporal de inmuebles y terrenos. La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) emitió un comunicado exigiendo la revisión de la disposición legal y a este se sumó la Cámara de la Construcción del estado Bolívar (CCEB), en vista de que se pone en riesgo la propiedad privada. 

“No podemos estar de acuerdo con este decreto”, expresó Oscar Gómez, presidente del órgano gremial regional, “no se pueden ocupar terrenos privados para construir viviendas habiendo obras sin culminar”. En Bolívar el déficit de recintos domiciliarios ronda las 150 mil dado la “enorme y galopante” escasez de materiales. 

El rechazo se sustenta, igualmente, en la Constitución nacional la cual protege la propiedad sobre los bienes al establecer en el capítulo VII, De los derechos económicos, que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. 

“La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general y solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”, cita la Carta Magna, por lo que el empresario sostuvo que se debe responder a los propietarios de estos inmuebles contemplados en el decreto la justa indemnización, como ocurría en administraciones anteriores. 

En Venezuela hay otras prioridades que los gobiernos nacional, regional y municipal deben atender, como “el gran déficit de alimentos y medicinas, lo cual representa una verdadera emergencia para nuestra población”, añadió Gómez. 

Cuatro regionales en la mira 

El Presidente de la CCEB indicó que cualquier espacio del estado Bolívar podría ser ocupado temporalmente si se aplica el decreto en cuestión, pero hay que tomar en cuenta el uso que se le dará, las variables urbanas y las condiciones del terreno. 

El ingeniero explicó que no es lo mismo un inmueble donde funcione una universidad para mil estudiantes, que construir viviendas para 250 familias, que en promedio estarían conformadas por las mil personas, es decir, los servicios y requerimientos son diferentes, las exigencias de las viviendas son mayores y si no se toman previsiones colapsarían los sistemas de drenajes de aguas servidas, el suministro de agua potable, la energía eléctrica y el resto de los servicios como el de telefonía, por ejemplo. 

Por otro lado, evaluando el decreto, Gómez comentó que encontró cuatro inmuebles que fueron señalados en este estado: Ali Primera en Los Sabanales II, ubicado frente a la Panadería La Revancha de 6.996 metros cuadrados (M2); Villa Atlántico UD 309 Las Peonias, localizados en la avenida Atlántico de 369.104 M2; Villa Granada en el sector Villa Granada de 19.949 M2 y Ciudad Socialista Cacique Guaicaipuro en el Sector Los Caobos, en Ciudad Bolívar, de 69.428 M2. 

Prensa CCEB 



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