NACIONAL

Se inició consulta publica sobre proyecto de Ley Anti-Cadenas




Con una nutrida representación de los representantes de los medios de difusión masiva impresos y audiovisuales, estudiantes de las escuelas de Comunicación Social y Derecho de Guayana se realizó la consulta pública sobre la del Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas Publicidad Oficial y Medios Públicos (Ley Anti-Cadenas), aprobada en primera discusión, en la Asamblea Nacional el pasado 10 de mayo. 
Así lo informó el Diputado Rachid Yasbek, quien realizó este encuentro con la intención de informar, debatir e intercambiar puntos de vista, con la finalidad de frenar el uso excesivo de las cadenas por parte del Poder Ejecutivo, todo esto dentro del marco legal jurídico aplicable. “La intención es pulsar desde la base de los medios y la legalidad debe tener una consulta publica sobre la Ley que va a marcar una nueva forma del manejo del espectro radial y audiovisual de Venezuela, de manera mas democrática y con menos inherencia del gobierno que esta y el que venga” expresó. 

La propuesta tiene tres bloques medulares; El primero es la recomposición de CONATEL para que pase de ser un órgano político y con características de censor a ser un órgano estrictamente técnico, que se limite a funciones técnicas y no administrativas en lo relativo a apertura de procedimientos o sanciones que extra limiten lo técnico.. 

El segundo es el tema de brindarle certidumbre a los administrados en lo referente a la Concesiones, tanto en su duración como en su explotación así como en su renovación 

Mientras que en tercer lugar busca garantizar que el administrado no sea prácticamente amenazado y coaccionado con multas y sanciones que pueden incluir hasta el cierre sin ni siquiera tener un procedimiento administrativo 

La Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2010, tuvo como propósito fundamental establecer medidas de censura indirecta y autocensura a los medios radiodifundidos en Venezuela. 

Destacó que la falta de respuesta oportuna a las solicitudes de renovación de las Habilitaciones Administrativas y Concesiones que permiten a los operadores desarrollar su actividad; las frecuentes amenazas de CONATEL a través de la peculiar figura de “exhorto”; y la apertura injustificada de procedimientos administrativos sancionadores contra emisoras de radio y operadores de televisión, han sido herramientas para fomentar la autocensura y limitar la libertad de expresión a la luz de sanciones irracionales y desproporcionadas. 

Igualmente –explicó- es notaria la pasividad de CONATEL ante la proliferación de emisoras clandestinas o irregulares contra las cuales nadie actúa y nadie controla. Estas emisoras se aprovechan de un bien del dominio público y no pagan impuestos, además de causar interferencias perjudiciales a los operadores legales. 

Lo cierto y grave de esto es que en los últimos años el espectro radioeléctrico ha sido administrado con criterios políticos dirigidos a fomentar la discriminación política. De hecho CONATEL se encuentra en na permanente situación de conflictos de interés desde el momento mismo que está adscrito al Ministerio encargado de la propaganda oficial (MINCI). 

Considerado esta motivación, la nueva Asamblea nacional, a través de la Comisión de Telecomunicaciones plantea la necesidad de una reforma parcial de Ley Orgánica de Telecomunicaciones en relación a los siguientes aspectos: Situación de las Habilitaciones Administrativas y Concesiones sobre el Espectro Radioeléctrico; Requisitos, designación, conformación, incompatibilidades y responsabilidades de las autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; Determinación del Órgano de adscripción de la entidades de regulación. 

Se propone una remisión a una normativa especial de todo lo relativo a los mensajes y alocuciones oficiales a fin de circunscribirlas a temas trascendentes y de interés general tales como alertas epidemiológicas, interrupción de servicios públicos, desastres naturales y otras similares; fomentando la evaluación, control y publicidad sobre la administración, uso y destino de las contribuciones a los Fondos previstos en dicha Ley; Desconexión de las emisoras ilegales y revisión de las Habilitaciones otorgadas de manera irregular o ilegal. Así como el reconocimiento, apoyo y definición de ámbito de operación de las emisoras comunitarias. 

El objetivo final será volver a contar con un ente regulador técnico y no político, que actúe de manera transparente en favor de los usuarios y que fomente la libertad de expresión por parte de los operadores en favor de los usuarios de los servicios de radio y televisión, entre otros.



Nota de Prensa



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